La Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima Sur, frente a los últimos acontecimientos ocurridos, que ha implicado la detención preliminar de varias personas vinculadas a la política, manifestamos a la opinión pública lo siguiente:
PRIMERO: El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas, no debe ser la regla general. De acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, el fin supremo de la sociedad y del Estado es la persona humana, ubicándose la libertad en un lugar preferencial del sistema de valores democráticos, por ello la libertad personal, permite el goce efectivo de una serie de otros derechos fundamentales.
SEGUNDO: El Tribunal Constitucional en consolidada jurisprudencia ha sostenido que la prisión preventiva es “la última ratio” y que al procesado le asiste el derecho a que se presuma su inocencia.
TERCERO: En sentencia recaída en el expediente N°04780-2017-PHC/ N°00502-2018-PHC/TC, fj. 98 y 99 caso Humala – Heredia, el Tribunal Constitucional señalo que: “Como bien ha referido la Corte Interamericana, una resolución judicial que pretenda entenderse como suficientemente motivada para limitar la libertad personal "tiene que estar fundada en hechos específicos (...) esto es, no en meras conjeturas (…) Lo que en buena cuenta quiere decir, que cabe la presunción judicial, pero solo en base a un elemento debidamente acreditado, no en base a otro hecho presunto”(El subrayado es nuestro).
Por estas razones, la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur EXHORTA a las autoridades jurisdiccionales a garantizar el debido proceso, así como los derechos fundamentales de las personas investigadas, observando los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional.
Villa María del Triunfo, 17 de octubre de 2018.
